Resultado de las mesas de trabajo interinstitucionales para evitar la tala clandestina en zonas de la capital, efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron en la alcaldía Milpa Alta a dos personas, posiblemente dedicadas al almacenamiento y transformación de madera, al parecer, de manera ilegal.
Esta acción se llevó a cabo en coordinación con la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (CORENADR) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y en cumplimiento a una orden de inspección, en un predio localizado en Prolongación Benito Juárez, Pueblo Santa Ana Tlacotenco.
Con lo anterior, con el objetivo de combatir delitos contra el medio ambiente y disminuir actividades de tala clandestina, los uniformados acompañaron a los funcionarios federales al inmueble referido, para verificar que contara con la documentación reglamentaria, permisos correspondientes y documentación que acreditara la legal propiedad de la maquinaria.
Por lo anterior y a petición del inspector encargado del operativo, los oficiales detuvieron a dos hombres, por no contar con los permisos correspondientes, así como no acreditar la propiedad de la maquinaria y herramienta utilizada en el lugar, por lo que, de acuerdo a los protocolos de actuación policial, les realizaron una inspección preventiva.
Resultado de lo anterior, se aseguró una torre de aserrío con dos volantas de 60 centímetros con cinta de sierra de 0.08 centímetros, un motor trifásico, un carro de empujón con dos escuadras, dos mesas de madera, una para armado de tarima y otra más, así como cinco tablas del género pino y dos polines del mismo tipo.
También se decomisaron 18 tablas de diferentes cortes, largos y medidas, así como un apilamiento de madera costera, en estado físico verde, de 3.5 metros cúbicos.
Por lo anterior, los policías detuvieron a los probables responsables de 18 y 48 años de edad, les informaron el motivo de su detención y sus derechos constitucionales y, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del agente de la Fiscalía de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana (FIDAMPU) correspondiente, quien integrará la carpeta de investigación y definirá su situación jurídica.
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